El fin del voto rogado es la única medida de consenso en la subcomisión que estudia la reforma de la Ley Electoral

La subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso encargada de estudiar la reforma de la Ley Electoral ha acordado pedir una prórroga de seis meses para sus trabajos, aunque la mayoría de grupos calcula que los cambios se limitarán a cuestiones puntuales como el fin del voto rogado, en el que hay cierto consenso entre los grupos, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Esta ponencia de estudio, creada en abril de 2017 y que preside Jesús Posada, también presidente de la Comisión Constitucional, ha recibido media docena de comparecencias sobre asuntos como el voto electrónico, la participación electoral de personas con discapacidad o el voto desde el extranjero, pero aún está lejos de empezar el debate de propuestas y recomendaciones.
A lo largo de los meses se han visto coincidencias entre los grupos parlamentarios en lo relativo a fomentar la participación electoral de personas con discapacidad o para acabar con el voto rogado que se puso en marcha en 2011 y que obliga a los españoles residentes en el extranjero a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales y autonómicas.
Ese cambio hizo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y su supresión es demandada por quienes no suscribieron aquella reforma (IU, Podemos, Ciudadanos y CC), pero también por casi todos sus firmantes, especialmente el PSOE, el PDeCAT (la antigua Convergència) e incluso el PP (sobre todo organizaciones territoriales como la gallega).

Incluso el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, ha hablado de la necesidad de suprimir el voto rogado para fomentar la participación electoral de los residentes en el extranjero.

Eso sí, aunque hay consenso para acabar con ese sistema, aún no hay coincidencias sobre qué modelo debe adoptarse en su lugar, sabiendo que no puede volverse a la legislación previa, que estaba permanentemente cuestionada por denuncias de fraude.

Objetivos limitados
Un año después de su creación, miembros de la subcomisión admiten que los objetivos de la reforma serán limitados por falta de consenso. Han comprobado que cuanto más ambiciosos sean los objetivos, menos consensos se conseguirán.
Inicialmente se presentaron propuestas para rebajar a 16 años la mayoría de edad de voto, estudiar el fin de la Ley D’Hont, propiciar la elección directa de alcaldes, acabar con las listas cerradas o desterrar la provincia como circunscripción, pero esas ideas no cuentan con suficiente respaldo para sacar adelante una Ley Electoral, que exige mayoría absoluta, y además resta poco tiempo de legislatura.