Ley de Nacionalidad

La Comisión de Derechos Civiles reitera su petición de que se elabore una Ley de Nacionalidad

| 19 Octubre 2015 – 11:08 h.
Un momento de la reunión de la Comisión de Derechos Civiles, celebrada en Madrid el pasado mes de mayo.

Un momento de la reunión de la Comisión de Derechos Civiles, celebrada en Madrid el pasado mes de mayo.

La Comisión de Derechos Civiles y Participación reitera una vez más la petición que se hizo en anteriores Plenos de instar al Gobierno para que elabore una Ley de Nacionalidad, una necesidad que ya recogió en 1998 una Subcomisión de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados y que instaba a elaborar una Ley que “posibilite la recuperación de la nacionalidad a los españoles o sus descendientes que aún no lo han hecho y que permita la compatibilidad de la nacionalidad española con la de otro país si el español, por diversos motivos, se vio obligado a tomarla”.

Además de recordar que la nueva ley está encaminada a acabar con los agravios comparativos que hay actualmente, la Comisión resalta que “una Ley de Nacionalidad vincularía más estrechamente con España al gran colectivo de españoles en el exterior” que, actualmente, pasa de los dos millones de personas. Asimismo, asegura que también beneficiaría a los colectivos de inmigrantes.
Mientras España no cuenta con esta Ley, desde esta Comisión proponen una serie de reformas del Código Civil. La primera es ampliar los supuestos para acceder a la nacionalidad y se propone que puedan tener nacionalidad española los nacidos de madre española antes de la entrada en vigor de la Constitución, los hijos de quienes hayan obtenido la nacionalidad a través de la Ley de la Memoria Histórica, los nacidos de padre o madre originariamente español y los nietos de las abuelas que no transmitieron la nacionalidad. Con estas modificaciones se trata de “corregir” las “limitaciones temporales” de la Ley de la Memoria Histórica. Además, se pide que en ninguno de estos supuestos se obligue a rechazar la nacionalidad anterior.
También se pide que se suprima el apartado del Código Civil que recoge que se perdería la nacionalidad si no se declara la voluntad de conservarla en los tres meses siguientes a alcanzar la mayoría de edad y que se retire la necesidad de residencia legal en España, tanto para aquellos que quieren recuperar la nacionalidad como para los cónyuges casados con un español.
Otra de las propuestas para su aprobación en el Pleno es que la Administración intervenga para aplicar “una cierta reciprocidad” en las multas a las personas que han excedido los límites de permanencia legal en un país.
La Comisión también pide al Pleno que inste al Gobierno a hacerse cargo de los españoles que han cumplido su condena en el exterior y son excarcelados, ya que actualmente se encuentran sin dinero, sin trabajo y sin posibilidades de encontrarlo en la mayoría de los casos y está siendo la comunidad española quien, por solidaridad, está costeando su traslado a España